RSS reader

Please refer to the attached file.

1. Situación general

El 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, afectando gravemente las regiones central y occidental del país. El sismo se produjo a las 7:34 a.m. y fue seguido por una actividad sísmica sostenida: al 12 de agosto se habían registrado 103 réplicas, incluidas seis de magnitud superior a 3 y una de magnitud superior a 4, todas localizadas en San José del Palmar. Los impactos más severos se han concentrado en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas, así como daños en Antioquia, Quindío, Cundinamarca, Huila, Tolima, Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Bolívar, aumentando la extensión total reportada a 15 departamentos y 472 municipios.

El terremoto ha provocado importantes pérdidas humanas, riesgos de desplazamiento y daños significativos en viviendas e infraestructura esencial. Según datos oficiales, al menos 292.043 personas, equivalentes a 123.789 familias, han resultado afectadas, incluyendo personas fallecidas, heridas o desaparecidas, así como aquellas cuyos hogares, servicios y medios de vida se han visto interrumpidos. De acuerdo con los reportes más recientes del 18 de agosto, 304 personas habían perdido la vida y 4.548 habían resultado heridas. Los daños a las viviendas son extensos: 134.342 viviendas han sufrido afectaciones y 29.554 han sido destruidas, dejando a numerosas familias sin condiciones seguras para regresar a sus hogares e incrementando las necesidades de alojamiento temporal, artículos domésticos esenciales, agua y servicios de protección.

El impacto va más allá de las viviendas y afecta los servicios públicos de los que dependen las comunidades para recuperarse y estabilizar sus condiciones de vida. Los reportes dan cuenta de 267 edificios residenciales colapsaron; además, 3.443 instituciones educativas, 303 establecimientos de salud y 3.905 centros comunitarios han resultado afectados, mientras que 86 sistemas de abastecimiento de agua han sufrido daños. Adicionalmente, 413 vías se han visto afectadas en todo el país. Los servicios de electricidad, agua potable, salud y conectividad continúan interrumpidos o presentan funcionamiento intermitente en varias ciudades. Estas afectaciones están ralentizando las evaluaciones, dificultando el acceso a las zonas afectadas e incrementando los riesgos para las familias ya expuestas a réplicas, estructuras inseguras y acceso limitado a servicios básicos.

Las operaciones de respuesta comenzaron de manera inmediata bajo el liderazgo del Gobierno Nacional y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Las labores de búsqueda y rescate continúan en marcha y han permitido el rescate de 332 personas, mientras las autoridades siguen brindando asistencia inmediata y consolidando información a través de la Sala de Crisis. El Comité Nacional para el Manejo de Desastres coordina las acciones con entidades nacionales, departamentales y municipales, y los Puestos de Mando Unificado (PMU) permanecen activos para monitorear los impactos, priorizar necesidades y orientar las decisiones operativas.

Los socios humanitarios están ampliando rápidamente el apoyo complementario para atender las brechas más urgentes de la respuesta liderada por el Gobierno. Las agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y locales han comenzado a pre posicionar capacidades y desplegar equipos en las zonas más afectadas, particularmente en Quibdó, Cali y Buenaventura, Risaralda y Caldas. Los clústeres de Salud; Alojamiento y Asentamientos; Agua, Saneamiento e Higiene; Seguridad Alimentaria; Protección; y Educación del Equipo Humanitario de País han sido activados y están coordinando los esfuerzos de respuesta sectorial con sus contrapartes nacionales y locales.

Las evaluaciones rápidas continúan ampliándose para aclarar las necesidades y orientar las prioridades de la respuesta. Los socios humanitarios siguen desplegando equipos, pre posicionando capacidades y apoyando los análisis sectoriales en las áreas más afectadas, mientras persisten importantes brechas de información en municipios rurales y de difícil acceso. Adicionalmente al terremoto, las comunidades del departamento del Cauca están enfrentando impactos humanitarios relacionados con emisiones de gases y ceniza derivadas del incremento de la actividad volcánica del volcán Puracé. Asimismo, en el departamento de Casanare, graves inundaciones han afectado a más de 40.000 personas durante el último mes; a este escenario se suman incendios forestales en algunas zonas como parte de la sequía que empieza a evidenciarse en el marco del desarrollo del Fenómeno de El Niño. Por otro lado, se han incrementado las acciones de fuerza pública por la política de seguridad del nuevo gobierno, principalmente en los departamentos generando doble afectación humanitaria para algunas comunidades principalmente de la región pacífica del país.

Dada la magnitud y gravedad de la emergencia, se están movilizando recursos adicionales por parte de los donantes humanitarios para posibilitar una respuesta rápida y multisectorial centrada en salvar vidas y atender las necesidades más inmediatas. En apoyo a la respuesta inicial, el Coordinador del Socorro de Emergencia, Tom Fletcher, anunció una asignación de 5 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés). Estos fondos ayudarán a los socios humanitarios a reforzar la asistencia urgente mientras continúan las evaluaciones y se ajustan las prioridades de respuesta en coordinación con las autoridades nacionales.

Please refer to the attached file.

1. Situation Overview

On 10 August 2026, a magnitude 7.4 earthquake struck Colombia, with its epicentre in San José del Palmar, Chocó department, severely affecting the central and western regions of the country. The earthquake occurred at 7:34 a.m. and was followed by sustained seismic activity. As of 12 August, 103 aftershocks had been recorded, including six with a magnitude greater than 3 and one with a magnitude greater than 4, all located in San José del Palmar. The most severe impacts have been concentrated in the departments of Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, and Caldas, with additional damage reported in Antioquia, Quindío, Cundinamarca, Huila, Tolima, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, and Bolívar, bringing the total reported impact area to 15 departments and 472 municipalities.

The earthquake has caused significant loss of life, displacement risks, and substantial damage to housing and essential infrastructure. According to official data, at least 186,182 people, equivalent to 121,470 families, have been affected, including people who have died, been injured, or gone missing, as well as people whose homes, services, and livelihoods have been disrupted. According to the most recent reports as of 17 August, 304 people had lost their lives and 4,400 had been injured. Damage to housing is extensive: 134.341 homes have been affected and 29.554 have been destroyed, leaving many families without safe conditions to return home and increasing needs for temporary shelter, essential household items, water, and protection services.

The impact extends beyond housing and affects the public services that communities depend on to recover and stabilize their living conditions. Reports indicate that 267 residential buildings collapsed. In addition, 3,443 educational institutions, 303 health facilities, and 3.905 community centres have been affected, while 86 water supply systems have sustained damage. Additionally, 413 roads have been affected across the country. Electricity, safe water, health, and connectivity services remain disrupted or are functioning intermittently in several cities. These impacts are slowing assessments, hindering access to affected areas, and increasing risks for families already exposed to aftershocks, unsafe structures, and limited access to basic services.

Response operations began immediately under the leadership of the National Government and the National Disaster Risk Management System (SNGRD). Search and rescue activities remain ongoing and have enabled the rescue of 338 people, while authorities continue to provide immediate assistance and consolidate information through the Crisis Room. The National Disaster Management Committee is coordinating actions with national, departmental, and municipal entities, and Unified Command Posts (PMUs) remain active to monitor impacts, prioritize needs, and guide operational decisions.

Humanitarian partners are rapidly scaling up complementary support to address the most urgent gaps in the Government-led response. United Nations agencies and international, national, and local nongovernmental organizations have begun pre-positioning capacities and deploying teams to the most affected areas, particularly Quibdó, Cali and Buenaventura, Risaralda, and Caldas. The Health; Shelter and Settlements; Water, Sanitation and Hygiene; Food Security; Protection; and Education clusters of the Humanitarian Country Team have been activated and are coordinating sectoral response efforts with national and local counterparts.

Rapid assessments continue to expand in order to clarify needs and guide response priorities. Humanitarian partners continue deploying teams, pre-positioning capacities, and supporting sectoral analyses in the most affected areas, while significant information gaps persist in rural and hard-to-reach municipalities. In addition to the earthquake, communities in Cauca department are facing humanitarian impacts related to gas and ash emissions resulting from increased volcanic activity at the Puracé volcano.

Likewise, in Casanare department, severe flooding has affected more than 40,000 people over the past month. This situation is compounded by wildfires in some areas as part of the drought that is beginning to emerge in the context of the development of the El Niño phenomenon. Separately, public security force operations have increased under the new government’s security policy, mainly in departments that are generating a double humanitarian impact for some communities, particularly in the Pacific region of the country.

Given the scale and severity of the emergency, additional resources are being mobilized by humanitarian donors to enable a rapid, multisectoral response focused on saving lives and addressing the most immediate needs. In support of the initial response, the Emergency Relief Coordinator, Tom Fletcher, announced a USD 5 million allocation from the Central Emergency Response Fund (CERF). These funds will help humanitarian partners strengthen urgent assistance while assessments continue and response priorities are adjusted in coordination with national authorities.

Please refer to the attached files.

The 2026–2027 Winter Response Plan aims to deliver multisectoral winter assistance to more than 2.1 million people, including nearly 430,000 displaced people and 1.7 million non-displaced people, through 17 activities between October 2026 and March 2027. The response requires US$ 358.4 million in funding.

The Winter Response Plan is a focused subset of the broader humanitarian response, addressing winter-specific humanitarian needs and complementing ongoing multisectoral activities implemented year-round under the 2026 Humanitarian Needs and Response Plan (HNRP) and essential to continue in parallel. The Plan operationalizes winter-specific activities identified in the 2026 HNRP and incorporates planning assumptions for January–March 2027, which will be further refined through the analysis underpinning the 2027 HNRP. Building on lessons learned from previous winter responses and updated needs analysis, the Plan outlines how the humanitarian community will support war-affected vulnerable people in coping with severe winter conditions and disruptions to essential services resulting from attacks on civilian infrastructure during the coldest months. Compared with previous winter responses, the 2026–2027 Plan adopts a more differentiated approach, maintaining support in front-line, hard-to-reach and rural areas while seeking opportunities to contribute to addressing the humanitarian consequences of prolonged energy and service disruptions in urban centres, with the aim of ensuring that the most vulnerable people can maintain safe, warm and dignified living conditions throughout the winter season.

The Plan serves as a tool for planning, advocacy, resource mobilization, and coordination with Government authorities on prioritized humanitarian response during winter.

Please refer to the attached file.

1. Aperçu de la crise et analyse des besoins

La révision du Plan de réponse humanitaire 2026 (HNRP) de la République démocratique du Congo (RDC) intervient dans un contexte de détérioration rapide de la situation humanitaire, marqué par l'apparition, en mai 2026, d'une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) due à la souche Bundibugyo dans l'est du pays. Cette flambée épidémique constitue un choc sanitaire majeur qui remet en question les hypothèses de planification du HNRP 2026, initialement fondées sur une aggravation progressive des besoins humanitaires liés aux conflits armés, aux catastrophes naturelles et aux urgences sanitaires, principalement l'épidémie de choléra. L'épidémie d'Ébola agit désormais comme un puissant facteur aggravant des vulnérabilités existantes, amplifiant les besoins humanitaires et complexifiant les opérations de réponse. Elle rend nécessaire une révision ciblée du HNRP afin d'actualiser l'analyse des besoins, de réévaluer leur niveau de sévérité et de redéfinir les priorités stratégiques de la réponse humanitaire.

L'épidémie a été détectée début du mois de mai 2026 à Bunia, dans la province de l'Ituri, à la suite de l'identification d'un cluster de cas graves, notamment parmi les agents de santé. Depuis, la transmission s'est rapidement propagée à plusieurs zones de santé des provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, avec un foyer épidémiologique particulièrement actif dans les zones de santé de Bunia, Rwampara et Mongwalu, en Ituri.

Au 8 juillet 2026, un total de 1 792 cas confirmés et 625 décès avaient été enregistrés dans 37 des 104 zones de santé des trois provinces touchées (Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu), soit un taux de létalité de 34,9 %, témoignant de la gravité de l'épidémie et de la persistance d'une transmission active. L'absence, à ce stade, de vaccin homologué ou de traitement spécifique contre la souche Bundibugyo constitue une contrainte opérationnelle majeure. Dans ce contexte, la riposte repose essentiellement sur des interventions de santé publique, notamment la surveillance, la détection précoce, la recherche de contacts, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que l'engagement communautaire, dont la mise en oeuvre demeure particulièrement complexe dans un environnement marqué par l'insécurité, les déplacements de population et des contraintes d'accès humanitaire.

Cette épidémie s'inscrit dans un contexte plus large de dégradation continue de la situation humanitaire observée depuis la fin de l'année 2025. Entre décembre 2025 et mars 2026, d'importantes évolutions sécuritaires et humanitaires ont été enregistrées dans plusieurs zones de santé du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, conduisant les Coordinations opérationnelles humanitaires provinciales (COHP) de ces deux provinces à réviser les niveaux de sévérité des besoins dans les zones où une détérioration significative de la situation a été constatée.

Parallèlement, les résultats de l'analyse IPC de l'insécurité alimentaire, réalisée en mars 2026, ont confirmé une aggravation de l'insécurité alimentaire aiguë dans plusieurs régions du pays, entraînant une augmentation du nombre de personnes nécessitant une assistance humanitaire.

Dans le même temps, la RDC continue à faire face à une recrudescence préoccupante du choléra. A la semaine épidémiologique 20 de l'année 2026, plus de 26 000 cas avaient été notifiés dans 230 des 519 zones de santé du pays, réparties dans 22 des 26 provinces, soit 85 % des provinces de la RDC.

Please refer to the attached files.

(English below)

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio de 2026 provocaron una destrucción generalizada de viviendas, infraestructura pública, establecimientos de salud, escuelas y servicios esenciales en siete estados del país: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy. Según datos oficiales del 11 de julio, más de 4.000 personas fallecieron, cerca de 17.000 resultaron heridas y 17.900 quedaron sin vivienda. Más de 18.000 personas permanecen en campamentos temporales o en alojamientos precarios, mientras las comunidades afectadas enfrentan interrupciones de servicios básicos, pérdida de medios de vida y condiciones de vida cada vez más frágiles.

El terremoto agravó las necesidades de una población que ya enfrentaba importantes desafíos en el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Los daños a viviendas e infraestructura crítica han aumentado la presión sobre los sistemas de salud, agua, saneamiento, educación y protección, al tiempo que han reducido la capacidad de recuperación de los hogares afectados. La Evaluación Rápida de Necesidades, complementada con el análisis de información secundaria, la evaluación de modelos estadísticos e imágenes satelitales, junto con la valoración de especialistas confirman un deterioro multisectorial de las condiciones de vida y señalan necesidades urgentes en salud, agua segura, seguridad alimentaria, protección, alojamiento y apoyo psicosocial. Paralelamente, actores nacionales e internacionales han ampliado las operaciones de respuesta para proporcionar asistencia vital y apoyar los esfuerzos liderados por las autoridades.

Esta adenda al Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) 2026 presenta la estrategia del Equipo Humanitario de País para responder al impacto de los terremotos durante un período de seis meses. El plan busca asistir a 1,3 millones de personas afectadas y requiere US$299 millones adicionales para complementar las actividades ya contempladas en el PRH 2026. Con ello, los requerimientos financieros totales del plan aumentan de US$632 millones a US$931 millones y la población objetivo total se amplía de 5,5 millones a 6,2 millones de personas. Las cifras presentadas podrán ajustarse a medida que evolucione la situación y se disponga de nueva información sobre las necesidades y la respuesta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 on the Richter scale, which struck north-central Venezuela on 24 June 2026, caused widespread destruction to homes, public infrastructure, healthcare facilities, schools and essential services in seven states across the country: La Guaira, the Capital District, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón and Yaracuy. According to official figures as of 11 July, more than 4,000 people died, nearly 17,000 were injured, and 17,900 were left homeless. More than 18,000 people remain in temporary camps or makeshift accommodation, whilst affected communities face disruptions to basic services, loss of livelihoods and increasingly precarious living conditions.

The earthquake has exacerbated the needs of a population that was already facing significant challenges in accessing basic services and economic opportunities. Damage to homes and critical infrastructure has increased pressure on health, water, sanitation, education and protection systems, whilst reducing the resilience of affected households. A Rapid Needs Assessment (RNA), supplemented by an analysis of secondary data, an evaluation of statistical models and satellite imagery, as well as expert assessments, confirms a multi-sectoral deterioration in living conditions and highlights urgent needs in health, safe water, food security, protection, shelter, and psychosocial support. At the same time, national and international actors have scaled up response operations to provide vital assistance and support the efforts led by the authorities.

This addendum to the 2026 Humanitarian Response Plan (HRP) sets out the Humanitarian Country Team’s strategy for responding to the impact of the earthquakes over a six-month period. The plan aims to assist 1.3 million people and requires an additional US$299 million to supplement the activities already included in the 2026 HRP. As a result, the plan’s total funding requirements rise from $632 million to $931 million, and the total target population increases from 5.5 million to 6.2 million people. These figures may be adjusted as the situation evolves and new information on needs and response becomes available.

Please refer to the attached files.

Overview

The humanitarian crisis in Lebanon is severe and deteriorating. Hostilities have continued despite ceasefire announcements, driving additional and sustained displacement, constraining humanitarian access and limiting prospects for safe return. Shelter capacity is overstretched, essential infrastructure is severely damaged, and access to basic services is increasingly constrained. Livelihoods remain disrupted, particularly in agriculture and small-scale commerce, deepening economic vulnerability as affected people rapidly exhaust their coping capacities. Municipalities and service providers are under significant pressure amid growing needs and limited resources. The cumulative impact of displacement, economic hardship, and infrastructure damage is contributing to rising tensions and protection risks, underscoring the need for humanitarian assistance, support to local authorities, and investments in community-based social stability. The revised Flash Appeal presents an evidence-based continuation of the Government-led emergency response. Between 2 March and 31 May, humanitarian partners reached more than 680,000 people with at least one type of assistance. Over the next three months (June-August 2026), humanitarian partners seek an additional US$331.5 million to extend the ongoing multi-sector assistance to 1.4 million vulnerable people in need. The additional financial requirement reflects the expanding scope and severity of needs, covering continued assistance, newly identified needs and new activities required by the evolving crisis. It does not re-cost unmet requirements already included in the appeal, which remain part of the overall financial requirements. This brings the total revised Flash Appeal requirements for March to August 2026 to $639.9 million, for which $185.9 million has been received as of 31 May 2026. The revised Flash Appeal is informed by a common planning outlook for the continued scale of hostilities and the risk of an additional large-scale escalation. The extension is also informed by updated assessments and analyses – updated Integrated Food Security Phase Classification (IPC) analysis; Protection Monitoring reports, rapid Health and WASH assessments; preliminary findings of Emergency Rapid Needs Assessments (ERNA) inside and outside collective shelters; Gender-Based Violence (GBV) safety audit reports; preliminary results from GBV Rapid Needs Assessment; UN Women’s Rapid Gender Analysis on displacement outside collective shelters, sectors’ operational data; ongoing response monitoring; and partners’ scale-up capacity. Analysed together with population data of internally displaced people (IDPs) and pre-crisis population figures in areas under forced displacement orders issued by Israeli forces, it is estimated that 1.4 million people are directly affected by the crisis and in need of humanitarian assistance. The Flash Appeal complements the 2026 Lebanon Response Plan (LRP), which remains the primary planning and coordination framework for humanitarian and stabilization response, co-led with the Government of Lebanon. The Government continues to lead the emergency response (with the Ministry of Social Affairs appointed as the lead agency to coordinate the response): providing public collective shelters; overseeing shelter management; working to sustain critical public services, including health care and water systems; and mobilizing civil defence, Lebanese Red Cross, municipalities and disaster risk management teams. The Appeal supports these national efforts, enabling humanitarian partners to reinforce the Government-led response as needs continue to rise.

Please refer to the attached files.

Foreword

There is no single crisis in the Sahel.

What we are witnessing is the accumulation of multiple, overlapping shocks—conflict, displacement, climate extremes and economic fragility—that together are affecting millions of people across the region. These pressures are growing, spreading across borders, and becoming harder to contain.

Today, more than 24 million people across the Sahel require humanitarian assistance and protection. This shows the scale of disruption affecting people’s lives and livelihoods. Across the Central Sahel and the Lake Chad Basin, violence continues to force people from their homes and limit access to basic services. At the same time, insecurity is gradually extending into coastal countries, underscoring the regional dimension of the crisis.

Communities that were already vulnerable are now facing repeated shocks, with fewer resources to cope.
Through my engagement across the region, I have seen how these crises affect people, families displaced multiple times, children unable to attend school, and many doing their best to get by with very limited means.

Climate change is accelerating this dynamic. In the Sahel, where temperatures are rising faster than the global average, rainfall has become more erratic and extreme events more frequent. Floods, droughts and environmental degradation are compounding pressures that erode resilience over time and deepen humanitarian needs.

In this context, millions of people are expected to face severe food insecurity during the 2026 lean season.
This situation risks being further exacerbated by the spillover effects of the Middle East crisis, which are increasingly being felt across the region, which is particularly sensitive to global shocks.

In the Sahel, basic services are under strain, protection risks are increasing, and displacement continues to place pressure on host communities.

Humanitarian actors continue to respond across the region, delivering assistance in some of the most complex and constrained environments and hard-toreach areas in the world. This work is made possible through the sustained efforts of local communities, national and international organizations, governments, and the continued support of donors.

Yet the gap between needs and resources is widening. The sharp decline in humanitarian funding in 2025 has had direct consequences on the scale and reach of the response, forcing partners to reduce activities, limit their presence in some areas, and focus on the most critical life-saving interventions.

This situation requires us to adapt how we work. Across the Sahel, humanitarian actors are implementing a Humanitarian Reset: refocusing on the most urgent needs, simplifying the response, and making sure limited resources have the greatest possible impact.

This means making difficult choices, improving efficiency, and bringing decision-making closer to affected communities. It also includes acting earlier through anticipatory action, expanding cash assistance, and strengthening support to national and local organizations, who play a key role in reaching people, especially in hard-to-reach areas.

At the same time, humanitarian action alone cannot keep pace with the scale and complexity of the crisis.
Addressing the challenges facing the Sahel will require sustained political engagement, investment in resilience and basic services, and a collective commitment to protecting civilians and upholding international humanitarian law.

This document sets out the scale of needs and the priorities for the response in 2026. But beyond the numbers, it is a reminder of what is at stake.

The Sahel is not defined by crisis alone. It is defined by the resilience of its people, and by our shared responsibility to ensure that this resilience is supported, not exhausted.

Charles Bernimolin

Head of the Regional Office for West and Central Africa—United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Please refer to the attached files.

Summary:

The 2025/26 Joint Response Plan (JRP) was launched in March 2025, following a consultative planning process, as a two-year framework under the leadership of the Government of Bangladesh with a one-year budget cycle to ensure flexibility in addressing the Rohingya refugee crisis. Anchored in five strategic objectives:

1. Work towards the early, voluntary, and sustainable repatriation of Rohingya refugees/FDMNs to Myanmar.
2. Strengthen the protection of Rohingya refugee/FDMN women, men, girls, and boys.
3. Deliver life-saving assistance to populations in need.
4. Foster the well-being of host communities, including income generation, employment, and access to basic services, with a focus on localization and capacity-building.
5. Strengthen disaster risk management and combat the effects of climate change.

JRP 2025/26 calls for sustained humanitarian assistance while promoting targeted efforts to strengthen coping capacities within the camps and in vulnerable hosting communities who continue to be impacted by the presence of such a large Rohingya refugee/FDMN population, in line with the policies and priorities of the Government of Bangladesh. As the refugee crisis enters its ninth year, the UN and its partners call on the international community to extend their support to address the prioritized needs of Rohingya refugees and the Bangladeshi communities that are hosting them. Between January 2026 to December 2026, the JRP requires $710.5 million to reach 1.6 million people, including Rohingya refugees sheltered in Cox’s Bazar and Bhasan Char and Bangladeshi host communities in Ukhiya and Teknaf.

In 2026, it brings together 98 partners, including UN Agencies and NGOs, half of which are national organizations from Bangladesh.

Please refer to the attached file.

Background and Rationale

Afghanistan remains highly vulnerable to regional geopolitical shocks due to its reliance on cross‑border trade corridors, its significant trade deficit, and the presence of large Afghan populations in neighbouring countries. The prolonged closure of key border points with Pakistan and growing uncertainty around commodity movements through Iran are already driving up logistics costs, extending lead times, and reducing the availability and affordability of essential goods in local markets. At the same time, sustained cross-border military exchanges between the de facto authorities (DfA) and Pakistani forces since 26 February—including airstrikes, artillery fire, and ground clashes along several segments of the Durand Line—have triggered internal displacement in several border districts. The combined impact of conflict-related displacement, potential large-scale returns of Afghans from Iran and/or Pakistan due to instability or pushbacks, and ongoing logistical constraints affecting supply pipelines is placing additional stress on Afghanistan’s economy and local markets. Altogether, these factors may sharply increase humanitarian needs at a time when partners’ operational capacity is already under mounting pressure.

This contingency plan provides a single, consolidated planning framework for two potentially compounding escalation scenarios: a mass returnee influx from Iran as the conflict involving the United States and Israel re-intensifies and renewed or heightened Afghanistan–Pakistan hostilities that could trigger additional internal displacement or a potential returnee influx from Pakistan should pushbacks resume. These risks may materialise simultaneously or sequentially, compounding humanitarian needs while also constraining humanitarian access and operating space, disrupting supply chains and markets. This combined contingency plan therefore outlines both individual and combined scenario risks, identifies common operational constraints, and supports realistic operational planning and costing.

Please refer to the attached files.

La extensión del Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) para 2026 define las líneas estratégicas del Sistema de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias más urgentes en Venezuela. La respuesta se centra en las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, en un contexto marcado por presiones socioeconómicas persistentes, un acceso limitado a servicios básicos y choques recurrentes, y se rige plenamente por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

En el marco del proceso del “reinicio humanitario”¹, el Plan orienta una respuesta focalizada, basada en evidencia y centrada en las personas, con énfasis en acciones multisectoriales esenciales que contribuyan a preservar la vida, la dignidad y el acceso a servicios básicos. El Plan continuará impulsando acciones coordinadas en las siguientes áreas: salud de la población; seguridad alimentaria y nutrición; prestación y acceso a servicios básicos; educación; prevención y mitigación de riesgos de protección; movilidad humana; y preparación y respuesta ante emergencias. La implementación del Plan se desarrollará a nivel municipal, con el objetivo de fortalecer la presencia operativa de los socios, mejorar la articulación territorial y favorecer una respuesta más oportuna, complementaria y contextualizada, en coordinación con las autoridades competentes y otros actores relevantes. De forma transversal, se integrarán los enfoques de igualdad de género, centralidad de la protección y localización, garantizando que las acciones respondan a las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres, niñas y niños, y que se potencie el rol de los actores locales en la respuesta.

El Plan tiene como objetivo llegar a 5,5 millones de personas identificadas como las más vulnerables en los municipios prioritarios y requiere 632 millones de dólares para prestar una asistencia humanitaria vital que salve vidas.

English version

The extension of the 2026 Humanitarian Response Plan (HRP) defines the strategic framework through which the United Nations system and its humanitarian partners will address the most acute humanitarian needs in Venezuela. The response focuses on people in the highest situations of vulnerability, in a context shaped by persistent socio-economic pressures, limited access to basic services and recurrent shocks, and is fully guided by the principles of humanity, neutrality, impartiality and independence.

Within the framework of the humanitarian reset process¹, the Plan guides a focused, evidence based and people centred response, with an emphasis on essential multisectoral actions that contribute to preserving life, dignity, and access to basic services. The Plan will continue to promote coordinated actions across key sectors, including health; food security and nutrition; access to basic services; education; protection and protection risk mitigation; human mobility; and emergency preparedness and response.

Implementation will take place at the municipal level to strengthen partners’ operational presence, improve territorial coordination, and enable a more timely, complementary, and context specific response, in coordination with competent national and local authorities and other relevant actors. Gender equality, the centrality of protection and localization are integrated as cross cutting approaches, ensuring that actions respond to the differentiated needs for women, children, the elderly, people with disabilities, indigenous communities, people on the move, and LGBTQ+ individuals, while strengthening the engagement, leadership, and participation of local actors throughout the response.

The Plan aims to reach 5.1 million people identified as the most vulnerable across prioritized municipalities and requires US$632 million to deliver life-saving assistance.

Please refer to the attached files.

Since January 2026, Cuba has faced a severe reduction in fuel availability, leading to cascading adverse impacts on essential services and on the humanitarian response for populations affected by Hurricane Melissa. The significant decrease in energy availability and in electricity supply hours is affecting all sectors in a cross-cutting manner, including the operations of the United Nations system and its partners.

External measures affecting Cuba, including unilateral sanctions and other restrictions, have reduced the supply of oil and its derivatives. On January 29, 2026, the United States Government issued an Executive Order further restricting the supply of oil or fuel from third countries to Cuba. As of the close of this plan, according to Cuban authorities, no fuel imports have been recorded since December 13.

This disruption has triggered a severe energy shock, characterized by a critical fuel shortage affecting electricity generation, transportation, and essential logistics across the country. Widespread blackouts and fuel rationing measures have been reported, with electricity shortages lasting several hours a day in some areas. The national energy system is under sustained pressure, significantly affecting basic services, including safe water, health, sanitation, education, and food. Furthermore, fuel shortages are limiting the operational capacity of the United Nations system and its humanitarian partners to implement the response and deliver assistance, including supplies already in the country. Dozens of containers with humanitarian aid remain in storage, awaiting transport to hurricane-affected areas.

Please refer to the attached file.

Introduction

The Humanitarian Programme Cycle (HPC) is designed to improve the delivery of humanitarian assistance and protection through better preparation, prioritising, steering and monitoring the collective response through informed decision-making. Humanitarian activities under the Humanitarian Needs and Response Plan (HNRP) are coordinated at the field level and benefit from an overarching effort to harmonise assistance across response areas.1 The primary objective of the HNRP is to coordinate the timely and adequate delivery of humanitarian assistance to people in need in accordance with international law, including the UN General Assembly Resolution A/RES/46/182 and the UN Charter.2 The Syria HNRP is developed by the Humanitarian Country Team (HCT) on behalf of humanitarian partners3 working in Syria, under the leadership of the Humanitarian Coordinator for Syria (HC), with support from the humanitarian sectors and the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). The HNRP is collectively prepared by all partners and endorsed by the Emergency Relief Coordinator (ERC), in line with General Assembly Resolution A/RES/46/182. Affected people were consulted during the humanitarian needs’ identification and planning processes.

Activities under the HNRP will be carried out in consultation and coordination with Syrian state institutions in accordance with the Charter of the UN, General Assembly resolution 46/182 and relevant Security Council resolutions. The HNRP’s activities are governed by the framework of agreements between the Syrian State and UN agencies, funds, and programmes. Humanitarian organizations working under the HNRP, namely: UN agencies, funds and programmes, the Red Cross and Red Crescent movement and humanitarian international and national non-governmental organizations (NGOs), remain committed to providing needs-based humanitarian assistance, in line with the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, and to providing assistance without discrimination against people in need. In this capacity, they are protected under international law.

The 2026 HNRP will complement the humanitarian response undertaken by the Government of Syria, as well as efforts of the Syrian Arab Red Crescent (SARC) and other humanitarian actors. Other international organizations such as the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the International Federation of the Red Cross (IFRC) are contributing to meet the needs of affected people. Organizations participating in the HNRP acknowledge that it is first through the efforts of the Syrian people, through relevant institutions at both central and local level, and national (NGOs) that the basic needs of the affected population are met. In accordance with international law, the HCT renews its commitment to deliver humanitarian assistance to people affected by the crisis in Syria, and to implement the response plan with full respect to the sovereignty, territorial integrity, and independence of the Syrian Arab Republic and in accordance with General Assembly Resolution 46/182.

Please refer to the attached files.

En respuesta a la contingencia energética y los impactos vigentes del Huracán Melissa busca $94,1 millones para apoyar a dos millones de personas más afectadas en sus necesidades básicas.

Desde enero de 2026, Cuba enfrenta una severa reducción de la disponibilidad de combustible, con impactos multiplicadores adversos en los servicios esenciales y en la implementación de la respuesta humanitaria para las personas afectadas por el huracán Melissa. La disminución significativa de la disponibilidad de energía y de las horas de suministro eléctrico afecta de manera transversal a todos los sectores, incluidas las operaciones del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y sus socios.

Las medidas externas que afectan a Cuba, incluidas sanciones unilaterales y otras limitaciones, han contribuido a reducir el suministro de petróleo y sus derivados al país. El 29 de enero de 2026, el Gobierno de los Estados Unidos emitió una Orden Ejecutiva que restringe aún más el suministro de petróleo o combustible desde terceros países hacia Cuba. Al cierre de este plan, de acuerdo con las autoridades cubanas, no se han registrado importaciones de combustible desde el 13 de diciembre.

Esta disrupción ha desencadenado un severo choque energético, caracterizado por una escasez aguda de combustible que afecta la generación eléctrica, el transporte y la logística esenciales en todo el país. Se han reportado apagones generalizados y medidas de racionamiento de combustible, con interrupciones del servicio eléctrico que se extienden por varias horas al día en algunas zonas. Como resultado, el sistema energético nacional se encuentra bajo una presión sostenida, afectando significativamente la provisión de servicios básicos, incluyendo agua segura, salud, saneamiento, educación y alimentación. Asimismo, la falta de combustible limita la capacidad operativa del SNU y sus socios humanitarios para implementar la respuesta y entregar asistencia, incluso aquella que ya se encuentra en el país. En este contexto, decenas de contenedores con asistencia humanitaria permanecen pendientes de transporte hacia las zonas recientemente afectadas por el huracán.

Please refer to the attached files.

Crisis Overview

The humanitarian fallout from the escalating hostilities in the Middle East and beyond is increasing by the day, with civilians bearing the brunt across the region. Civilians and civilian infrastructure have come under attack; millions have been put in danger; hundreds of thousands have been forced to flee their homes; and access to basic services and life-saving assistance has been cut off or disrupted for civilians, including internally displaced people, refugees and migrants, in the areas that have been hardest-hit.

• In Iran, at least 1,200 people have been killed, including over 200 children, according to the Ministry of Health and Medical Education (MOHME). This includes 168 girls killed when a strike hit the Shajareh Tayyebeh girls’ elementary school in Minab on 28 February. More than 1,110 people have been hospitalized, and nearly 19,000 have been treated and discharged, including at least 1,530 injured children—55 of them under two years old. Strikes by the United States and Israel have reportedly affected 190 districts across 20 provinces, with damage to urban infrastructure, including homes, health care facilities, schools and a water desalination plant. Displacement is increasing and access to services is under strain. Hazardous “black rain” linked to strikes on oil depots poses serious short‑ and long‑term health risks, including for pregnant women.
• In Lebanon, more than 1,000 people have been killed and nearly 20 per cent of the population were displaced within two weeks, according to Government figures. Communities south of the Litani River, in parts of Baalbek and the Bekaa Valley, and in Beirut’s southern suburbs are heavily affected by intensified Israeli military activities and displacement notices, with at least half a million people caught in ongoing hostilities. At least 50 primary healthcare centres and five hospitals have closed, while 65 attacks harming health care were recorded between 2 and 25 March, killing 53 health workers and injuring 91 others while on duty.
• In Israel, 18 civilians were killed and over 4,900 injured, including 715 children, between 28 February and 25 March, according to official figures. Iranian and non-state-armed groups’ strikes were reported on residential and industrial zones, increasing risks for civilians and civilian objects in these areas. Approximately 4,900 people in 41 municipalities are reported to be displaced due to complete damage to their houses.
• In the Occupied Palestinian Territory (OPT), regional hostilities have resulted in life-threatening consequences for civilians due to border crossing closures and humanitarian access constraints. On 28 February, Israeli authorities shut all crossings into Gaza, halting the entry of aid, fuel and commercial goods, as well as medical evacuations, humanitarian staff rotations and the return of residents from abroad. Limited fuel reserves in Gaza were rationed until 3 March, when Kerem Shalom crossing reopened for the passage of fuel, some aid and humanitarian personnel. Large quantities of essential supplies continue to be stuck in ports. Four women in the West Bank were killed by munition that fell during an Iranian strike on 18 March. Movement restrictions have tightened further, limiting access to essential services. Settler violence has resulted in deaths, and some homes have been taken over for use as military posts.
• The escalation has caused people to flee from Iran to Afghanistan and from Lebanon to Syria, while humanitarian operations in both countries face heightened pressures due to supply chain disruptions. In Afghanistan, 36,000 people, mainly men, have returned from Iran through the Islam Qala and Milak crossings since the start of hostilities. Further returns from Iran are expected after Eid-al-Fitr. The closure of the Afghanistan-Pakistan border since October 2025 had caused half of all trade into Afghanistan to cross through Iran, making the impact of disruptions immediate: half of all humanitarian commodities are at risk of a pipeline break. The wider escalation comes at the same time as Afghanistan and Pakistan have engaged in renewed clashes, which have affected ten provinces in Afghanistan. Meanwhile, in Syria, more than 180,000 people have crossed from Lebanon, mostly Syrian nationals, while sporadic missile and drone debris have caused civilian casualties and limited infrastructure damage. Many of those entering Syria face significant challenges, including limited access to housing, livelihoods, and essential services.
• The hostilities have also killed or injured civilians or damaged civilian infrastructure in multiple other countries. Civilians, including migrant workers, have reportedly been killed or injured by Iranian strikes in Bahrain, Jordan, Kuwait, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), Oman, Qatar, and the United Arab Emirates (UAE). Casualties due to the ongoing hostilities have also been reported in Iraq.

Across the region, protection risks are rising as conflict deepens, particularly for women and girls. Widespread landmine and unexploded ordnance contamination are a major threat to civilians, and the current conflict is increasing the presence of new explosive hazards. Meanwhile, displaced people, returnees and migrants are exposed to heightened risks, including discrimination, exploitation, trafficking, loss of documentation, family separation, and gender‑based violence, while limited access to services and restrictive legal systems further undermine their safety. The regional escalation has created gender-specific risks and needs across different countries, including heightening women and girls’ risk of exposure to violence, exploitation and trafficking, and hampering women and girls’ access to vital aid and services.

The Middle East was already home to the world’s largest number of people in need of humanitarian assistance and protection at the beginning of 2026, with their situation further exacerbated by the direct and indirect consequences of the current hostilities. Some 3.6 million people are in need of urgent humanitarian assistance and protection in the OPT following unprecedented destruction and devastation; 16.5 million people in Syria require urgent support as the country strives to recover from more than a decade-long war; and in Yemen, 22.3 million people require urgent assistance and protection. Across the region, 3.7 million1 registered refugees from Syria continue to face significant humanitarian and protection needs in host countries and rely on the continued commitment of host governments, host communities, and the international community to sustain access to protection, essential services and support towards self-reliance. Some 5.9 million Palestine refugees spread across Jordan, Lebanon, Syria and the OPT require urgent protection and assistance, delivered first and foremost through the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In Afghanistan, 21.9 million people need humanitarian assistance. Iran is hosting over 1.65 million Afghan refugees and others in need of international protection. The sudden and intense socio-economic shocks caused by the escalation are having immediate reverberations across the region and may push people who were on the road to recovery back into an urgent need for humanitarian assistance.

The escalation is further constraining an already extremely difficult and insecure operational environment for humanitarians, increasing risks for humanitarian workers, limiting people’s access to humanitarian services, restricting the ability of humanitarians to reach communities in need and undermining ongoing aid operations. Social tensions are escalating, contributing to an erosion of the social fabric and weakening conditions conducive to the acceptance of humanitarian actors. At the same time, misinformation and disinformation are further polarizing communities and undermining trust in humanitarian efforts. Across the region, national and local aid workers, who are the backbone of each response, are operating under immense, sustained and compounding strain. Many are themselves directly affected by conflict— displaced, grieving, or struggling to meet basic needs—while simultaneously being expected to deliver life-saving support to others. At the same time, local and national organizations have endured the harshest impacts of global funding cuts.

The crisis is causing the most significant global humanitarian supply chain disruptions since COVID-19 and the onset of the war in Ukraine, increasing the cost of partners’ operations, and delaying delivery of vital, life-saving aid in the region and beyond. Humanitarian supply lines across the Middle East are being severely disrupted, threatening the timely delivery of life‑saving food, medical items and emergency relief to millions. Conflicts in the Middle East have elevated risks across key maritime chokepoints and corridors that humanitarian supply chains rely on, affecting shipping, energy, and fertilizer markets with clear knock-on effects. Rising oil prices are already raising fuel and transport costs for humanitarian partners. A significant share of the global fertilizer supply transits through the Strait of Hormuz, any disruption risks reduced availability, lower crop yields, and higher global food prices. The situation also risks renewed global inflation, with effects on food prices—and food security— worldwide. An additional 45 million people could be pushed into acute hunger globally—up from a projected 318 million—if the conflict continues through June, with acute concern regarding the situations in Sudan and Somalia. To mitigate these disruptions, humanitarian partners are adapting their supply routes, but each adaptation comes with a potential increase in costs and a likelihood of delayed delivery at a time when millions of people in the Middle East and beyond are reliant upon humanitarian assistance to survive.

Please refer to the attached file.

Executive summary

Yemen enters 2026 in an increasingly complex operating environment, shaped also by severe funding constraints and a system-wide reform agenda. Millions of people continue to face dire humanitarian conditions, struggling to meet basic needs and access essential services amid protracted crisis, conflict-induced economic deterioration, displacement and climate-related shocks. As coping mechanisms erode, households are becoming more exposed to hunger, preventable diseases and protection risks, with vulnerable and marginalized groups-including women and girls, persons with disabilities, internally displaced persons (IDPs), migrants, refugees and the Muhamasheen-disproportionately affected. A highly challenging operational environment in de facto authorities (DFA)- controlled areas in 2025 particularly affecting UN actors, and substantial funding reductions, led to UN scaling back critical life-saving programmes in the final months of the year.

In 2026, more than 22 million people -including 10.95 million women and girls - will require humanitarian assistance and protection services across Yemen. This includes 5.2 million IDPs, 329,000 migrants, and 63,000 refugees and asylum seekers.

Acute food insecurity remains alarming: 18.3 million people are acutely food insecure, and the latest integrated phase classification (IPC) analysis indicates further deterioration, including districts shifting from crisis to emergency levels, and pockets of catastrophic conditions affecting some of the most fragile communities. Malnutrition levels remain critically high, with over 2.2 million children under five acutely malnourished including 516,157 with malnutrition (SAM). An additional 1.3 million pregnant and breastfeeding women are also expected to be malnourished. In 2026, 14.4 million people are expected to require wash, sanitation and hygiene (WASH) assistance with water scarcity and damaged infrastructure heightening health and WASH vulnerabilities. Essential services remain under severe strain, with only 59.3 per cent of health facilities fully functional, complete vaccination coverage at 63 per cent, and Yemen continuing to face a high burden of epidemic-prone diseases.

The 2026 Yemen Humanitarian Needs and Response Plan (HNRP) sets out a focused and prioritized response to deliver life-saving assistance and protection services.

To deliver this response, the humanitarian community aims to reach 12 million people in 2026, including 9.4 million people prioritized for targeted assistance based on severity. The 2026 HNRP requests US$2.16 billion to deliver assistance at scale, including US$1.6 billion to support prioritized life-saving interventions across sectors for the most vulnerable. As needs intensify, sustained and flexible funding will be critical to prevent further deterioration and support timely, prioritized assistance in the areas of greatest severity.

The humanitarian community in Yemen is advancing the Global Humanitarian Reset. The 2026 HNRP response strategy is guided by the principles of the Humanitarian Reset with the Humanitarian County Team (HCT) committed to a more people-centred, locally led and cost-effective approach.Humanitarian assistance saves lives. However, humanitarian action alone cannot reverse the drivers of Yemen’s crisis. Reducing long-term needs will require joint efforts of all actors to restore essential services, revive livelihoods and strengthen resilience to future shocks, reinforced by progress towards a political solution. Without sustained support, millions of people will remain at risk of deepening hunger, preventable illnesses and protection threats.

Please refer to the attached files.

Overview

Linked to the military escalation across the Middle East, hostilities between Hezbollah and Israel intensified sharply on 2 March. The surge in violence represents the most serious deterioration in security conditions since the November 2024 ceasefire, deepening an already severe humanitarian and socio-economic crisis and placing immense strain on families, communities, and overstretched aid services.

Within the first week of the latest escalation, hundreds of thousands of people in Lebanon have once again been forced from their homes. Lebanese authorities reported 634 people killed and over 1,586 wounded (Lebanese Ministry of Public Health, as of 11 March 2026). The proportion of children affected by this conflict has been significant: in the first seven days of the conflict, 20 per cent of casualties were children. Airstrikes and missile exchanges have caused widespread damage to civilian infrastructure, including residential buildings, schools, health facilities, and essential services. Several collective shelters, primarily public schools, were opened initially across the country to host displaced populations, with many being at full capacity within the first days of the crisis. Additional displaced families are sheltering in informal locations such as mosques, community halls, and unfinished buildings, placing greater demand on water, sanitation, waste management and fire safety systems.

The health system is experiencing growing pressure as casualty numbers increase. The closure by 11 March of 47 primary health care centers and five hospitals in the South and Beirut’s Southern suburbs will significantly impact the provision of health care services in conflict affected areas. The evacuation of two hospitals in Beirut’s southern suburbs following the 5 March displacement order, coordinated by the Ministry of Public Health and the Lebanese Red Cross, in addition to reported attacks affecting healthcare personnel and facilities, has placed additional strain on health system capacity. Electricity supply and fuel availability remain fragile, and disruptions to fuel distribution risk affecting hospital operations, water pumping stations, and electricity generation.

Lebanon is at the same time one of the countries hosting the largest number of refugees per capita and per square kilometer in the world, according to UNHCR. Both live-in and live-out migrants also represent notable groups of concern who face specific barriers and protection risks due to their background. The current escalation compounds severe pre-existing humanitarian vulnerabilities. According to the Lebanon Response Plan (LRP) 2026, prior to the crisis, an estimated 3 million people in Lebanon already required assistance, including refugees and vulnerable Lebanese communities due to conflict-related incidents, spillovers from Syria, socioeconomic vulnerability, and/or other drivers, including water scarcity and drought-like conditions. Approximately 961,000 people were facing acute food insecurity, while health, water, and social protection systems were already operating under significant strain.

Humanitarian access is increasingly constrained. Areas in South Lebanon and Beirut’s southern suburbs remain active conflict zones, limiting humanitarian movement. Debris and the presence of unexploded ordnance (UXO) in affected villages further restrict access. Key transport corridors—including coastal routes and roads linking the Bekaa Valley—face potential disruption. Fuel shortages and panic buying are also reported, raising concerns about the continuity of essential services and the delivery of humanitarian assistance. Humanitarian notification mechanisms coordinated by OCHA have been activated to facilitate safe humanitarian movements, but unpredictable security conditions continue to pose operational challenges for assessments and aid delivery.

The current escalation is generating rapidly growing humanitarian needs across multiple sectors, affecting displaced populations, communities remaining in conflict-affected areas, and host communities receiving large numbers of displaced people.

The most urgent humanitarian needs include emergency shelter and non-food items and management of collective sites, multipurpose cash assistance, food assistance, health care, water and sanitation services, protection (inclusive of GBV and child protection) services, education, and social stability support.

Humanitarian partners estimate that 1,300,000 people may be directly affected by the crisis during the next three months. These figures include displaced households, projected populations remaining in hard-to-reach areas, and other vulnerable communities impacted by airstrikes and disruptions to services and markets. At least 20 per cent of displaced people are expected to be accommodated in collective shelters.

This prioritized appeal calls for US$ 308.3 million to provide lifesaving assistance and protection to up to 1,000,000 people, including affected vulnerable Lebanese, displaced Syrians, Palestine Refugees in Lebanon, Palestinian Refugees from Syria, and migrants for a period of three months. An immediate injection of additional funding through the Flash Appeal is needed to address critical lifesaving needs resulting from the renewed hostilities, building on existing Lebanon Response Plan (LRP) coordination mechanisms (and associated financial asks) to support the escalation response.

Please refer to the attached file.

La communauté humanitaire au Cameroun a finalisé le Plan de Besoins et de Réponse Humanitaires (HNRP) 2026. Les préparatifs sont en cours pour une cérémonie officielle de lancement conjoint, qui réunira le Gouvernement du Cameroun et les partenaires humanitaires. En attendant l’organisation de cet événement, le document est partagé et mis à disposition en ligne.

Avant-propos

Le Cameroun reste une des crises humanitaires les plus négligées de la région. La violence et l'insécurité, les déplacements forcés, les chocs liés au climat et les risques pour la santé publique sont persistants et continuent d'aggraver les fragilités existantes. En 2026, environ 2,9 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire et de services de protection. Derrière ce nombre, il y a des familles qui ont perdu leur foyer et leurs moyens de subsistance, des enfants dont la scolarité est perturbée à plusieurs reprises et des communautés qui luttent pour faire face à des chocs successifs pendant que l'espace pour l'action humanitaire reste limité.

Les besoins au Cameroun sont déterminés par trois crises simultanées. Dans la région de l'Extrême-Nord, le conflit du bassin du Lac Tchad continue de susciter des préoccupations en matière de déplacement et de protection, l'insécurité limitant l'accès aux services sociaux de base. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la violence continue d'affecter la vie quotidienne et entraver l'accès aux marchés, aux écoles et aux soins de santé. Dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Est, le Cameroun continue d'héberger des réfugiés de la République Centrafricaine dont le plus grand nombre vit en situation de déplacements depuis plusieurs années, faisant face à des risques de protection persistants et à des opportunités d’autonomisation limitées.

Ces crises se déroulent dans un contexte où les carences de développement structurel et les vulnérabilités durables amplifient l'impact de chaque nouveau choc. Les inondations et la sécheresse endommagent à plusieurs reprises les biens matériels, perturbent les moyens de subsistance et les services déjà limités. Au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, l'insécurité et les contraintes d'accès s’ajoutent à la complexité du contexte. En 2025, les contraintes documentées dans les zones touchées comprenaient des restrictions de mouvements, des obstacles administratifs qui retardent les opérations et des incidents qui augmentent les risques pour les civils et les travailleurs humanitaires. Le sous-financement a réduit davantage la capacité des partenaires à prépositionner des articles et autres provisions, à stabiliser leur personnel et à investir dans la logistique et les actions visant l'atténuation des risques nécessaires pour atteindre les populations affectées en toute sécurité et de façon cohérente. Lors de ma visite à Buea en 2025, j'ai rencontré les autorités locales et les partenaires humanitaires. Nos échanges ont permis de souligner les contraintes auxquelles ils font face chaque jour mais aussi leur détermination, leur résilience ainsi que l'importance d'un soutien constant pour atteindre les populations dans le besoin en toute sécurité et dans les délais.

Les ressources étant mises à rude épreuve, nous devons nous concentrer sur les zones les plus touchées et les personnes les plus à risque. En 2026, la réponse donnera la priorité à six régions où les besoins humanitaires sont les plus sévères à savoir l'Extrême-Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Nord, l'Adamaoua et l'Est. Les partenaires humanitaires cibleront 1,9 million de personnes, en priorisant les 1.1 millions confrontés aux besoins les plus graves, et pour cela auront besoin de 319 millions de dollars américains pour pouvoir apporter cette réponse.

Notre réponse restera fermement centrée sur les personnes. Les communautés façonneront les priorités grâce au retour d'informations et la redevabilité sera renforcée grâce à des mécanismes de plaintes et de feedbacks accessibles, parallèlement aux efforts collectifs visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels mais aussi à y répondre. Nous donnerons la priorité à une programmation inclusive qui reconnaît les besoins distincts des femmes, filles, hommes et garçons et nous travaillerons aussi avec les partenaires pour élargir le rôle des organisations nationales dans la coordination et dans la distribution. Ce faisant, nous poursuivrons les efforts de collaboration plus forts en matière de développement, humanitaire, et paix. Ceci est essentiel pour réduire les risques récurrents, soutenir la préparation et les actions anticipatoires et lier l'assistance vitale aux voies et moyens susceptibles d’aider les communautés à se rétablir et à renforcer leur résilience au fil du temps.

Ce plan sera également mis en œuvre dans un environnement de coordination évolutif. Dans le cadre du Humanitarian Reset, le Cameroun s'oriente vers une réponse humanitaire plus localisée, avec un leadership renforcé de la part des acteurs nationaux et locaux et un engagement plus étroit avec les communautés affectées. Notre priorité est de veiller à ce que cette transition renforce l'efficacité et la responsabilité, tout en préservant une coordination fondée sur des principes humanitaires et le soutien technique nécessaire, pour répondre aux chocs liés aux conflits et au climat.

Le sous financement entraîne des conséquences bien réelles. En 2025, seulement 1 million de personnes sur les 2,1 millions ciblées ont reçu une assistance, laissant 1,1 million de femmes, d’hommes et d’enfants sans prise en charge de leurs besoins urgents. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Un financement rapide, flexible et prévisible est essentiel pour soutenir une assistance vitale, préserver les gains durement acquis et prévenir toute détérioration ultérieure.

Je remercie le Gouvernement du Cameroun, les autorités régionales et locales, les communautés d'accueil, les organisations nationales et tous les partenaires humanitaires pour leur engagement et leur solidarité. J'en appelle aux donateurs et à l’ensemble des parties prenantes, y compris les contributeurs non traditionnels, à soutenir ce plan et l’effort collectif qu’il représente. Ensemble, nous pouvons combler les lacunes critiques, renforcer une réponse guidée par les principes humanitaires, efficace, et réellement portée par les populations qu’elle sert.

***

Pour en savoir plus sur les chiffres du HNRP 2026 au Cameroun : :
Cameroon: At a glance | Humanitarian Needs and Response Plan 2026

Please refer to the attached file.

Alcance del Plan

La extensión del Plan de Respuesta Humanitaria 2026 define las líneas estratégicas del Sistema de las Naciones Unidas y sus socios para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias más urgentes de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, en coherencia con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.
En el marco del proceso del “reinicio humanitario”¹, el Plan orienta una respuesta focalizada, basada en evidencia y centrada en las personas, con énfasis en acciones multisectoriales esenciales que contribuyan a preservar la vida, la dignidad y el acceso a servicios básicos. El Plan continuará impulsando acciones coordinadas en las siguientes áreas: salud de la población; seguridad alimentaria y nutrición; prestación y acceso a servicios básicos; educación; prevención y mitigación de riesgos de protección; movilidad humana; y preparación y respuesta ante emergencias
La implementación del Plan se desarrollará a nivel municipal, con el objetivo de fortalecer la presencia operativa de los socios, mejorar la articulación territorial y favorecer una respuesta más oportuna, complementaria y contextualizada, en coordinación con las autoridades competentes y otros actores relevantes. De forma transversal, se integrarán los enfoques de igualdad de género, centralidad de la protección y localización, garantizando que las acciones respondan a las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres, niñas y niños, y que se potencie el rol de los actores locales en la respuesta.
Asimismo, el Plan promoverá un abordaje integral bajo el enfoque del nexo humanitario-desarrollo, con el fin de reforzar el impacto y la sostenibilidad de las acciones, fortalecer capacidades locales y reducir vulnerabilidades de manera progresiva.

Please refer to the attached file.

Mots du Coordonnateur Résident des Nations Unies

Environ 632 460 personnes ont besoin d'aide humanitaire d'urgence, à la suite des effets dévastateurs du cyclone
tropical Fytia et du cyclone tropical intense Gezani, qui ont causé des dégâts sévères en raison de pluies torrentielles et de vents violents, ainsi que d’importantes inondations depuis fin janvier 2026.

Au total, plus de 681 000 personnes ont été affectées par les deux systèmes qui ont traversé les régions ouest et est de Madagascar. Il s'agit d'un nouveau choc climatique majeur, et les besoins continuent d’augmenter à mesure que les évaluations se poursuivent. Des dizaines de milliers familles ont perdu leurs maisons et leurs moyens de subsistance ainsi que leur accès aux soins essentiels à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement, et sont désormais exposées à des risques de protection accrus. Une aide immédiate est essentielle pour sauver des vies et restaurer leurs moyens de subsistance.

Quelques 60 300 personnes ont été déplacées de leurs foyers, et environ 3 200 se trouvent encore déplacées dans des sites temporaires. Les dommages causés aux écoles, aux établissements de santé, et aux infrastructures essentielles ont perturbé les services de base et coupé les voies d'accès, aggravant la vulnérabilité des communautés. Par ailleurs, la destruction des cultures et la perte des stocks alimentaires pourraient accentuer l'insécurité alimentaire dans les mois à venir. Les inondations et la surpopulation dans les sites risquent également d'accroître la propagation des maladies d'origine hydrique.

Les Autorités nationales, le Système des Nations Unies et les partenaires ont rapidement mis en oeuvre des mesures d'intervention et des actions anticipatoires, ayant démarré avant même l’atterrissage du cyclone Gezani, une toute première dans la réponse aux cyclones à Madagascar.

De nombreux donateurs et États membres ont déjà fait preuve de solidarité envers la population Malagasy en cette période cruciale. Cependant, les capacités restent limitées en raison notamment des contraintes d'accès et des approvisionnements restreints.

Pour répondre à cette crise humanitaire aiguë, cet Appel Eclair requiert 67,9 millions de dollars américains afin que les partenaires humanitaires puissent cibler 454,900 personnes parmi les plus affectées au cours des trois prochains mois, sur la base d'évaluations aériennes et rapides. Cet appel vise à mobiliser l'action humanitaire en soutien de la réponse menée par le Gouvernement et complète directement les efforts déployés. Il s'inscrit dans le cadre de l'appel plus large de 142 millions de dollars lancé par le Gouvernement le 14 février, qui couvre les besoins humanitaires immédiats, le relèvement rapide et les priorités en matière de reconstruction. Nous exhortons la communauté internationale à apporter un soutien rapide et flexible afin de permettre une réponse à la hauteur de l’ampleur des besoins.

Nous avons veillé à ce que cet Appel Eclair soit une priorité commune et fondé sur des principes, et nous sommes convaincus que les activités prévues sont nécessaires de toute urgence pour apporter une aide immédiate aux personnes qui en ont le plus besoin.

Dans la mise en oeuvre de cet Appel, les Nations unies et l’équipe Humanitaire Pays (EHP) s'engagent à garantir le respect total des principes humanitaires d'impartialité, de neutralité, d'indépendance et d'humanité. En lançant cet Appel, nous sommes tous conscients que l'aide humanitaire n'est pas une solution à long terme aux chocs climatiques récurrents qui continuent d'affecter Madagascar. Le pays demeure vulnérable, et des efforts soutenus sont nécessaires pour garantir que les populations et les infrastructures soient résilientes aux risques climatiques récurrents et croissants, et de reconstruire leurs moyens de subsistance.

Anthony Ngororano
Coordinateur Résident des Nations Unies
Madagascar

Please refer to the attached file.

Avant-propos

Nous voudrions à l’entame de ces propos liminaires dire tout le plaisir qui est le nôtre d’introduire conjointement ce document important pour la planification Humanitaire (HNRP) 2026. Nous voudrions surtout saluer le processus inclusif qui a prévalu lors de l’élaboration de ce document, depuis les consultations communautaires jusqu’aux analyses.
Le Niger, faut-il le souligner, fait face à un contexte sécuritaire délicat, une conjoncture économique mondiale défavorable et des effets persistants du changement climatique. Ces facteurs combinés affectent négativement les capacités nationales de prévention et de réponse aux chocs multiples et aggravent les conditions de vie des populations.
Sur le plan humanitaire, les besoins ne sont pas à la baisse. L’insécurité persistante, avec les déplacements forcés de population qu’elle induit, et la pression qu’elle accroit sur les services sociaux de base, contribuent à une détérioration des conditions de vie dans certaines localités. La région de Dosso illustre l’extension géographique des vulnérabilités, justifiant ainsi son intégration comme région de concentration humanitaire additionnelle dans le cadre du HNRP 2026.
Dans ce contexte, le document "Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026" constitue un outil stratégique central pour structurer une réponse collective, cohérente et priorisée. Il repose sur une analyse rigoureuse des besoins, essentielle pour garantir la pertinence des interventions et mobiliser les partenaires techniques et financiers dans un environnement marqué par la rareté des ressources humanitaires.
La conduite de consultations communautaires est capitale pour la formulation d’un bon plan de réponse humanitaire. Permettez que nous nous attardions quelque peu sur les modalités observées dans le cas présent. Des consultations ont été menées dans 57 communes, elles ont permis de recueillir de manière inclusive des informations sur les perceptions, les priorités et les facteurs de vulnérabilités des populations affectées. Ces consultations ont ensuite été renforcées par des ateliers régionaux, puis un atelier national, qui ont réuni les autorités locales et les acteurs humanitaires, assurant une contextualisation opportune des besoins et une appropriation collective des résultats.
Ce document place ainsi les communautés au cœur de la réponse humanitaire, non seulement comme bénéficiaires, mais comme acteurs de la définition des priorités. Enfin, le document traduit l’engagement des autorités, des partenaires et des bailleurs à fournir une réponse coordonnée, fondée sur l’évidence, alignée sur les priorités nationales et orientée vers des résultats concrets en faveur des populations les plus vulnérables du Niger.
Nous félicitons tous les acteurs qui ont participé à la mise en place de ce processus hautement robuste et, invitons toutes les bonnes volontés à investir dans la mise en œuvre du HNRP 2026.

Ministre de la Population, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale

La Coordonnatrice humanitaire